Nashville, Tennessee (AP) — Un juez ordenó temporalmente al Departamento de Salud de Tennessee que no proporcione a las autoridades de inmigración información sobre aproximadamente 400 niños inmigrantes gravemente enfermos y discapacitados que están inscritos en un programa de asistencia sanitaria.

La orden de restricción se emitió el miércoles a petición de tres médicos de Nashville que tratan a algunos de esos niños y que interpusieron una demanda después de que funcionarios estatales enviaran cartas a proveedores y familias inmigrantes indicando que una nueva ley les obligaba a compartir información de identificación de los participantes en el programa después de finales de junio.

La ley formaba parte de un grupo de proyectos de ley que los republicanos de Tennessee presentaron este año para apoyar la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump.

 

Un portavoz de la fiscalía estatal declaró el jueves que no tenían comentarios sobre la demanda y que la denuncia estaba bajo investigación. Los funcionarios estatales no han respondido a la denuncia en los documentos judiciales.

“Esta es una decisión imposible para las madres, y pone en riesgo la vida y la dignidad de estos niños”, dijo Michele Johnson, directora ejecutiva del Centro de Justicia de Tennessee, que presentó la demanda en nombre de los médicos.

Johnson también indicó que el centro ha estado aconsejando a las familias que permanezcan en el programa mientras el caso se encuentra ante el tribunal. La audiencia está programada para el 2 de julio en Nashville.

El programa de Servicios Especiales para Niños, financiado en parte con fondos federales y que existe desde hace décadas, cubre los gastos médicos de los niños necesitados que padecen enfermedades graves como cáncer, parálisis cerebral, enfermedades convulsivas y diabetes.

Las cartas enviadas por el estado informaban a las familias que, en función de su estatus migratorio, serían denunciadas a la división de inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee si continuaban participando en el programa.

La nueva ley exigía a los organismos gubernamentales que verificaran la situación legal de todos los residentes antes de que pudieran obtener beneficios públicos, y formaba parte de un conjunto de proyectos de ley de los últimos años que tenían como objetivo la capacidad de los inmigrantes para trabajar, obtener licencias y acceder a la educación pública gratuita y otros servicios.

“Haremos todo lo posible para asegurarnos de que, si usted se encuentra aquí ilegalmente, tendremos los datos, habrá transparencia y no gastaremos el dinero de los contribuyentes en usted a menos que esté en la cárcel”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, en enero.

Los médicos que interpusieron la demanda, todos ellos empleados de clínicas de Siloam Health que atienden a pacientes sin seguro médico y con acceso limitado a la atención sanitaria, declararon bajo juramento que algunos de sus pacientes temían no poder recibir la atención médica importante para sus hijos.

Según uno de ellos, algunos pacientes que recibieron la carta no se encuentran en el país de forma ilegal, sino que simplemente viven con familias con "estatus mixto", y abandonaron el programa o planeaban hacerlo debido a la amenaza de informar a las autoridades de inmigración.

La demanda argumenta que la implementación de la norma impediría a los médicos atender a sus pacientes.

“El daño será irreparable si el tribunal no interviene”, dijo Johnson.

KRISTIN M. HALLes una videoperiodista de Associated Press radicada en Nashville, Tennessee. Colabora en la dirección del reportaje en video en la región del Medio Sur.

(Foto AP/George Walker IV, archivo)