Defensores de los derechos humanos pidieron el miércoles a un panel de las Naciones Unidas que intervenga para ayudar a poner fin a una nueva práctica del gobierno estadounidense que consiste en ocultar a las familias y a los abogados el paradero de miles de detenidos que se enfrentan a la deportación.El 15 de septiembre , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eliminó de su Sistema de Localización de Detenidos en Línea los nombres de los detenidos con órdenes de expulsión definitivas , en un aparente intento por acelerar sus deportaciones. Este cambio, que el ICE no anunció ni explicó, afecta a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos que se encuentran bajo su custodia .
Según abogados de inmigración, esta medida ha interferido con la capacidad de los detenidos para impugnar las deportaciones inminentes al impedirles el acceso a sus abogados, al tiempo que ha causado estragos en las familias que han perdido el rastro de sus seres queridos.
Una coalición de más de 30 grupos que defienden los derechos de los no ciudadanos en Estados Unidos solicitó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que declarara que dicha política constituye una violación del derecho internacional y que presionara para que se pusiera fin.
«Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrorizarnos a todos», declaró Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, una de las firmantes de la petición. «Hacer desaparecer a personas en una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y privarlas de ayuda externa es la definición misma de desaparición forzada».
Por otra parte, el miércoles, más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por las congresistas Luz Rivas y Verónica Escobar, instaron al ICE a que restableciera los nombres en el localizador, calificando la práctica de ocultarlos como "contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense".
La agencia matriz de ICE negó el miércoles que sus prácticas equivalgan a la desaparición de personas, y afirmó que todos los detenidos "tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados".
«El procedimiento adecuado para un inmigrante indocumentado con una orden de deportación definitiva es la expulsión, así de simple», declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. «Dicho esto, el DHS cuenta con un riguroso proceso de evaluación policial que respeta el debido proceso según la Constitución de los Estados Unidos».
Por lo general, los detenidos pueden llamar a sus familiares si tienen dinero en sus cuentas de la tienda de la prisión, mientras que las llamadas a sus representantes legales deberían ser gratuitas.
Aproximadamente 1,4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes definitivas de expulsión. Esto generalmente significa que un juez de inmigración ha dictaminado que deben ser deportadas y que la decisión ha sido confirmada en apelación o no ha sido apelada. Aún cuentan con varias opciones legales para impugnar su detención y deportación. Jueces federales han dictaminado en miles de ocasiones que los detenidos deben ser liberados o que se les debe conceder una audiencia para fijar la fianza.
La petición a la ONU señalaba que esta política ya había "impedido que los abogados accedieran a sus clientes detenidos, evitando intervenciones para solicitar medidas de alivio migratorio, impugnar detenciones inconstitucionales y bloquear deportaciones ilegales".
La petición citaba ejemplos de varios detenidos, entre ellos una madre y su hija de 7 años que impugnaban su detención en un centro de Texas, pero perdieron el acceso a sus abogados al enfrentarse a la deportación a Venezuela. Según la petición, solo después de que un juez ordenara al ICE revelar su paradero, la agencia lo hizo, unas 18 horas después, y las puso en libertad.
Según la petición, un hombre declaró haber sufrido un estrés intenso y que los "pensamientos más oscuros imaginables" le pasaron por la cabeza después de que la información sobre el paradero de su anciana madre discapacitada fuera eliminada abruptamente del sistema.
La petición señalaba que el localizador en línea del ICE, lanzado en 2010, se ha convertido en una herramienta aún más crucial, dado que la administración del presidente Donald Trump ha llevado a cabo una amplia campaña para arrestar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Asimismo, indicaba que el grupo de trabajo de la ONU había presionado para la creación del localizador y su ampliación en 2024 para incluir a las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.
La petición solicitaba al grupo de la ONU que instara al ICE a publicar la ubicación de todos los detenidos en el plazo de una hora tras su arresto y a notificar a sus abogados con 24 horas de antelación cualquier traslado. Este grupo, fundado en 1980, ayuda a las familias a localizar a sus seres queridos que, según se informa, han sido víctimas de desaparición forzada por agentes gubernamentales. Está compuesto por cinco miembros y actualmente lo preside Grazyna Baranowska, de Polonia.
RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".
(Foto AP/Rachel Leathe)