Salt Lake City y su condado han presentado una demanda para bloquear el plan del Departamento de Seguridad Nacional de abrir un enorme almacén en la ciudad que se utilizaría para detener hasta 10.000 inmigrantes.La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal, es la más reciente interpuesta por funcionarios locales de todo el país que no fueron consultados antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comprara almacenes industriales que planeaba convertir en centros regionales de procesamiento y detención de inmigrantes.
La demanda se dirige contra la propiedad más cara adquirida por el DHS para la iniciativa: un almacén de 77.388 metros cuadrados (833.000 pies cuadrados), cuyo tamaño equivale aproximadamente a 15 campos de fútbol, por valor de 145,4 millones de dólares. La compra, realizada en marzo a un grupo de desarrollo inmobiliario propiedad parcial de Deutsche Bank, costó casi un 50 % más que el valor de mercado estimado de la propiedad en 2025, según consta en los registros.
En total, el DHS compró 11 almacenes por más de mil millones de dólares entre enero y marzo, durante las últimas semanas del mandato de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el marco de su plan de 38.300 millones de dólares para un nuevo modelo de detención que aumentara la capacidad de camas y agilizara las deportaciones. La Oficina del Inspector General del DHS ha abierto una investigación para determinar si el plan fue un despilfarro, y el sucesor de Noem, el Secretario del DHS, Markwayne Mullin , la ha suspendido .
Al igual que otras demandas presentadas en todo el país, la demanda en Utah alega que el DHS violó la ley federal al no realizar las evaluaciones ambientales requeridas ni obtener la opinión de los funcionarios estatales y locales antes de la compra.
“Este tipo de instalación no tiene cabida en Salt Lake City, no solo por su naturaleza inhumana, sino también por nuestro limitado suministro de agua, la mayor presión sobre los sistemas de servicios públicos y las posibles consecuencias drásticas para la salud y la seguridad pública de nuestros residentes”, declaró la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, en un comunicado.
La alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, afirmó que el plan "representa una grave amenaza para la esencia misma de los valores de nuestra comunidad", y agregó que saturaría la infraestructura, perjudicaría a las empresas y socavaría la salud y la seguridad públicas.
Un grupo de defensa recientemente formado, Uproar Utah, también tenía previsto celebrar una rueda de prensa el martes para hablar sobre los litigios en contra del proyecto del almacén.
“Como en cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”, dijo el DHS en un comunicado el martes, y agregó que Mullin se ha comprometido a trabajar con los líderes de la comunidad y a ser “buenos socios”.
En otros lugares, las acciones legales emprendidas han tenido cierto éxito inicial.
En Pensilvania, la administración del gobernador demócrata Josh Shapiro ha emitido órdenes administrativas que bloquean el funcionamiento de dos centros de detención planificados hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) demuestre que cumplen con las regulaciones ambientales estatales y federales. El DHS ha apelado dichas órdenes.
En Maryland, un juez dictó una orden judicial preliminar que paraliza las obras de construcción en un almacén de Williamsport mientras se tramita una demanda. En Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está preparando una nueva evaluación ambiental y una decisión tras la presentación de una demanda contra su proyecto de centro de detención en el municipio de Roxbury. Otros casos están pendientes en Arizona, Michigan y Georgia.
RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".
(Foto AP/Marielle Scott, archivo)