Un miembro pide que se le otorgue la Medalla Presidencial de la Libertad a un pastelero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.Otro llamamiento solicita la intervención judicial del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a la identidad de género de los pacientes de cuidados paliativos.
Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa está pidiendo una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: "No hay separación entre la iglesia y el estado".
Estas son solo algunas de las recomendaciones que los miembros del panel asesor formado por el presidente Donald Trump el año pasado quieren que se incluyan en el informe final de la comisión.
El informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus peticiones durante su reunión más reciente en abril. Hubo poca disidencia, ya que los comisionados, en su mayoría provenientes de la base de seguidores cristianos conservadores de Trump , abordaron los puntos que desean que se incluyan en el informe.
Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de libertad religiosa entre muchos activistas católicos y evangélicos conservadores: aumentar las vías para la expresión religiosa en las escuelas públicas; ampliar las oportunidades para que las organizaciones religiosas reciban fondos públicos; y permitir exenciones por motivos religiosos en áreas que van desde el derecho laboral hasta las lecciones en el aula y los mandatos de atención médica.
Estas opiniones también se han visto reflejadas en las decisiones del Tribunal Supremo emitidas en los últimos años por su mayoría conservadora.
La comisión fue criticada por sus posturas estrechas.
Los críticos de la comisión afirman que esta representa una perspectiva parcial de los partidarios de Trump y que amenaza la bien establecida separación constitucional entre la iglesia y el estado, a pesar de las afirmaciones de su presidente.
Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista argumenta que la comisión no cumple con la ley federal que exige que los paneles asesores cuenten con miembros y puntos de vista diversos.
La demanda se hace eco de las críticas que señalan que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores; uno de ellos es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que sus miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana , y destaca que la mayoría de las reuniones de la comisión se celebraron en el Museo de la Biblia en Washington, una institución con liderazgo cristiano.
La administración republicana solicita a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno alega tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe ser imparcial una comisión ni qué puntos de vista deben estar representados.
Otra entidad creada por Trump —el Grupo de Trabajo para Erradicar la Discriminación Anticristiana— publicó un informe que afirmaba que los cristianos sufrían discriminación bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden en áreas como la educación, la legislación fiscal y el enjuiciamiento de manifestantes antiaborto. Grupos progresistas señalaron que dicho informe no documentaba la discriminación sistémica, se centraba en causas favorecidas por los cristianos conservadores y constituía más una defensa de intereses que una investigación.
En una serie de iniciativas vinculadas a Trump, varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa participarán en un acto de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250 aniversario del país. Varios de ellos también participaron en una reciente maratón de lectura de la Biblia, que tuvo lugar principalmente en el Museo de la Biblia.
Armonía y tensión dentro de la comisión
La comisión se ha caracterizado en su mayoría por el consenso entre sus miembros, con una notable excepción. Una de las comisionadas, Carrie Prejean Boller, fue destituida en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.
El presidente de la comisión, Dan Patrick, afirmó que Prejean Boller intentó "secuestrar" la audiencia, en la que mantuvo acalorados intercambios con los testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, negando su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, católica, sostuvo que fue expulsada injustamente por expresar sus creencias.
En otras audiencias, los testigos describieron cómo desafiaron las normas laborales que, según afirmaron, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores en materia de género, aborto, vacunas contra la COVID-19 y otros temas. Algunos declararon que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.
En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos relataron haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en los campus universitarios. La comisión también escuchó los testimonios de algunos testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras confesiones.
Aun así, los críticos afirmaron que la comisión se centró principalmente en las quejas de los cristianos conservadores y de los sectores políticos de derecha.
El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la Alianza Interreligiosa progresista, uno de los grupos que demandaron por la composición de la comisión, dijo que las omisiones del panel son tan significativas como los temas en los que se centra.
Afirmó que la comisión no ha abordado adecuadamente cuestiones como los esfuerzos antimusulmanes en Texas y otros lugares, así como el auge del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.
Debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado
Raushenbush afirmó estar especialmente preocupado por el hecho de que el presidente de la comisión cuestione la noción misma de separación entre la Iglesia y el Estado.
Patrick, un republicano que es el vicegobernador de Texas, denunció repetidamente un concepto que está arraigado en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
«Debemos dejar claro que no existe separación entre la Iglesia y el Estado», dijo Patrick en la reunión de abril. «Eso es mentira». Sugirió imprimir «un millón de pegatinas para coches» con ese mensaje.
Nadie en la reunión de la comisión estuvo en desacuerdo.
Trump hizo comentarios similares en un acto de oración en la Casa Blanca en 2025. «Dicen que hay separación entre la iglesia y el estado», dijo Trump. «Yo dije: "Está bien, olvidémonos de eso por una vez"».
Si bien la frase “separación de la iglesia y el estado” no aparece en la Constitución, las decisiones de la Corte Suprema del siglo XX citaron la descripción que hizo Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como la creación de “un muro de separación entre la iglesia y el estado”. La Corte aplicó la prohibición de la Primera Enmienda sobre cualquier “establecimiento” de iglesia a los estados, además del gobierno federal, citando la prohibición de la Decimocuarta Enmienda de que los estados nieguen los derechos de los ciudadanos.
Desde entonces, los tribunales han lidiado con la forma de equilibrar la libertad de religión y la libertad frente a la religión patrocinada por el gobierno.
Las preocupaciones abarcan escuelas, vacunas, lugares de trabajo y más.
Patrick ha abogado por la inclusión de la oración y los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
“No guardo rencor a nadie que no crea en ningún tipo de fe”, dijo Patrick a sus compañeros comisionados. “Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas organizaciones que se dejan llevar por alguna ideología y por el dinero de alguien que quiere eliminar a Dios de nuestro país? Tenemos que oponernos a ellas”.
En otros asuntos, varios comisionados pidieron que se exigiera a las escuelas y a los lugares de trabajo que publicaran avisos sobre los derechos de libertad de expresión religiosa y las exenciones correspondientes.
Algunos pidieron que se restablecieran el sueldo completo y las prestaciones de pensión para los miembros del servicio militar que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID-19.
El obispo Robert Barron, de la diócesis católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió que se permita a grupos religiosos como Caridades Católicas recibir fondos federales sin comprometer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.
También afirmó que los inmigrantes católicos detenidos deben recibir un trato humano y acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deben interrumpir los servicios religiosos durante sus operativos de control migratorio. El año pasado, la administración eliminó una política que prohibía el control migratorio en santuarios, algo que, según otros líderes religiosos, no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia.
Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, solicitó nuevos requisitos que obliguen a los gobiernos a pagar todos los gastos legales si pierden un caso de libertad religiosa. Afirmó que muchas personas carecen de los recursos económicos para demandar al gobierno ante los tribunales.
“Eso supondría un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos”, afirmó.
La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
Por PETER SMITH
(Foto AP/Evan Vucci, archivo)