WASHINGTON (AP) — El exasesor especial del Departamento de Justicia, Jack Smith , quien presentó dos acusaciones federales contra el presidente Donald Trump, dirá el martes a los legisladores que "no se dejará silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento" de la administración Trump y que cree que el estado de derecho está siendo amenazado como nunca antes.

Smith también declarará ante el Comité Judicial del Senado que respalda las causas penales que presentó contra Trump, un republicano, y que tanto él como su equipo actuaron sin tener en cuenta la política.

“Tomé estas decisiones sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias o la candidatura del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024”, dirá Smith, según una copia de su discurso preparado. “Nuestra investigación arrojó pruebas irrefutables de que el presidente Trump incurrió en conducta delictiva. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

l senador Chuck Grassley de Iowa, presidente republicano del comité, dijo desde el principio que la audiencia destacará la investigación del panel sobre la "conducta instrumentalizada" de Smith, una acusación que Smith, un fiscal de carrera que renunció a su cargo el año pasado, ha negado repetidamente.

Se espera que la audiencia se centre en las citaciones para obtener registros telefónicos.

Aunque Smith defiende sus investigaciones, se espera que los senadores republicanos vuelvan a interrogarlo sobre el acceso de su equipo a los registros telefónicos de los legisladores republicanos mientras los fiscales investigaban los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden .

En declaraciones anteriores, Smith ha respaldado las citaciones judiciales que los fiscales emitieron para obtener los registros telefónicos de los miembros republicanos del Congreso que estuvieron en contacto con Trump cuando los violentos partidarios del presidente provocaron disturbios dentro del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ha afirmado que dichas citaciones son una "práctica común" en las investigaciones y que fueron necesarias en este caso para comprender el "alcance de la conspiración" entre Trump y sus aliados republicanos.

No obstante, la revelación de que el equipo de Smith obtuvo en secreto los registros telefónicos durante su investigación ha indignado a algunos legisladores republicanos, quienes lo señalan como prueba de un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia de la administración Biden y de un fiscal demasiado implacable.

En julio, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista Jim Jordan de Ohio, remitió el caso de Smith al Departamento de Justicia para una posible acusación de haber mentido en una audiencia anterior sobre la recopilación de los documentos, algo que los abogados de Smith han refutado enérgicamente.

“Mantengo mi testimonio ante la Cámara de Representantes”, dirá Smith. “No me dejaré silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento del presidente ni de otros”.

Grassley, el presidente del comité, reveló por primera vez el año pasado que los fiscales de Smith habían obtenido lo que se conoce como "registros de llamadas": datos que revelan la fecha, la duración y la hora de las llamadas telefónicas entre dos partes, pero no el contenido de las comunicaciones.

Smith ha justificado repetidamente la medida como necesaria para documentar cualquier contacto que Trump o sus representantes pudieran haber tenido con los legisladores el 6 de enero de 2021, cuando el presidente imploró a sus seguidores que detuvieran la certificación de los resultados electorales.

“Mi oficina no espió a nadie”, dijo Smith durante una audiencia en enero.

Smith es objeto de una denuncia penal por parte de los republicanos.

Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para hacerse cargo de las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral y la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ambas investigaciones resultaron en acusaciones por delitos graves, pero Smith abandonó los casos después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando opiniones de larga data del Departamento de Justicia que establecen que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados ​​a nivel federal.

Smith sigue siendo uno de los principales objetivos de represalias para Trump y su administración, que el año pasado anunció la revocación de las autorizaciones de seguridad de los abogados que representaban al exfiscal especial. La Oficina del Asesor Especial, un organismo de control independiente encargado de hacer cumplir la ley contra la actividad política partidista de los empleados federales, también anunció el año pasado una investigación sobre Smith.

La denuncia de Jordan ante el Departamento de Justicia se centra en un intercambio de mensajes de diciembre de 2025 en el que se le preguntó a Smith sobre las citaciones judiciales que los fiscales habían emitido para obtener los registros de peaje.

Smith afirmó que los documentos que solicitó no incluían el contenido de las comunicaciones. Sin embargo, Jordan sostiene que esa respuesta fue engañosa, dado que Grassley publicó documentos que demuestran que Smith obtuvo el contenido de los mensajes de texto de 44 legisladores mediante una citación judicial independiente dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros, la cual solicitaba las comunicaciones de varios asesores y colaboradores de Trump.

En respuesta, los abogados de Smith calificaron sus respuestas de "absolutamente veraces" y señalaron que estaba respondiendo a preguntas específicamente sobre registros de peaje, que no incluían el contenido de ningún mensaje de texto.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.

(Foto AP/Alex Brandon)