BUENAVENTURA, Colombia (AP) — En toda Colombia, las décadas de conflicto entre las guerrillas de izquierdas, los paramilitares de derechas, los grupos de traficantes y el gobierno convirtieron a más de 9,5 millones de personas — casi un 20% de la población — en víctimas de desplazamientos forzados, homicidios o violencia sexual, entre otros.A medida que el conflicto se vuelve más complejo, con grupos armados cambiantes que se disputan el control del territorio, Gustavo Petro, un exrebelde convertido en presidente, se ha comprometido a consolidar una “paz total” y a poner fin a uno de los conflictos armados más prolongados del mundo.
Petro busca cambiar la forma en la que Colombia enfoca la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura, una ciudad costera con 450.000 habitantes y el puerto con más actividad del país.
También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea. Más de 31.000 combatientes de milicias armadas se han presentado para empezar conversaciones de paz, según las estimaciones del gobierno. Ningún grupo ha firmado aún un acuerdo de paz completo, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Bogotá acordaron reciente una tregua de seis meses.
Como parte del plan de “paz total” se pondrán en marcha programas para frenar el reclutamiento en ciudades con altas tasas de violencia y pobreza, incluyendo Buenaventura, dijo la asesora gubernamental Carolina Hoyos a la AP, describiendo la iniciativa como fundamental para el panorama general.
Jóvenes en Paz entregará un estipendio mensual de 1 millón de pesos (unos 250 dólares) a 100.000 colombianos de entre 14 y 28 años “vinculados o en riesgo de vincularse” a grupos criminales, apuntó Hoyos. A cambio, se les exigirá que estudien y realicen algún tipo de trabajo social.
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HUEHUETOCA, México (AP) — La empresa ferroviaria más grande de México, Ferromex, anunció el martes la suspensión de las operaciones de sus trenes de carga que cubren las rutas hacia el norte del país debido a la enorme aglomeración de migrantes que suben a los vagones de mercancías para desplazarse hacia Estados Unidos, acciones que han dejado varios heridos.Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes — que tienen una capacidad equivalente a la de 1.800 camiones — debido al “severo riesgo” que representa el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para su traslado.
La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes, cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova — en el estado de Coahuila que colinda con Estados Unidos — el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.
El Instituto Nacional de Migración no respondió de momento a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.
En en comunicado, Ferromex reconoce que en días recientes han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su camino hacia la frontera norte “a pesar del grave peligro que ello implica”.
De acuerdo con el reporte de la empresa, en los patios de operaciones de la ciudad de Torreón, también en Coahuila, hay concentradas más de 1.500 personas; en la localidad de Irapuato, en el centro del país, hay más de 800; en San Francisco de los Romo, estado de Aguascalientes, alrededor de 1.000, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, otros 1.000 en las góndolas de carga.
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BUENAVENTURA, Colombia (AP) — Los agentes vadean casas de viviendas de madera abandonadas sobre un río cubierto de manglares, uno de los principales canales utilizados por las bandas para mover drogas y armas en este tramo de la costa colombiana del Pacífico olvidada durante mucho tiempo.Cada paso que dan es un recordatorio: aquí el control no está en manos de la ley, sino de aquellos cuyos nombres se susurran en la ciudad. Los Shottas y Los Espartanos.
Las dos bandas son las últimas en asediar Buenaventura, el puerto de mayor actividad de Colombia y la joya de la corona de las rutas del narcotráfico, el punto desde el que sale la droga hacia el resto del mundo.
Ahora, están entre el creciente número de grupos armados que esperan para negociar acuerdo de paz con el nuevo gobierno de Colombia.
Pero a medida que su gobierno avanza para cumplir esa audaz promesa, Buenaventura se ha convertido en un ejemplo de la maraña que el mandatario debe desenredar.
Petro busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea.
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BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal superior ordenó el lunes que la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, en una causa vinculada a sus propiedades, y en otro caso por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán para esclarecer el atentado contra un centro comunitario judío en 1994.La Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, dejó sin efecto los sobreseimientos que habían dictaminado los tribunales orales encargados de juzgar a la vicepresidenta en 2021.
Esta resolución no será de efecto inmediato, ya que Fernández de Kirchner —presidenta entre 2007 y 2015— puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal confirma los fallos, la dirigente peronista deberá ser juzgada.
El primer caso se vincula a la renta de hoteles y propiedades de los Kirchner a empresarios ligados al negocio de la obra pública. Según la investigación de un juez de primera instancia, este era el mecanismo que utilizaba la familia Kirchner para lavar el dinero de sobornos obtenidos por la licitación de obras públicas.
En el otro caso, Fernández de Kirchner había sido procesada por el delito de encubrimiento de ciudadanos de origen iraní a los que la justicia argentina acusa de perpetrar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
La acusación apuntaba al Memorando de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán, el cual la entonces presidenta presentó como vía para destrabar la causa judicial por el atentado, ya que entre otros puntos permitía interrogar a los sospechosos en el exterior. El pacto contó con el respaldo del Congreso argentino, mientras Teherán, que siempre negó su vinculación con el ataque, no otorgó aprobación parlamentaria.
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KIEV, Ucrania (AP) — Seis viceministros ucranianos de Defensa fueron destituidos el lunes tras la marcha hace dos semanas del ministro de Defensa Oleksii Reznikov por un escándalo de corrupción, según dijeron las autoridades, mientras continuaban los intensos combates en el este del país.Entre las personas despedidas estaban los viceministros Hanna Maliar, Vitalii Deyneha y Denys Sharapov, así como el secretario de Estado del Ministerio de Defensa Kostiantyn Vashchenko, según la cuenta de Telegram de Taras Melnychuk, representante permanente del gabinete de ministros.
Melnychuk no dio explicación sobre los despidos, aunque el gobierno está investigando acusaciones de corrupción en el ejército asociadas a la compra de equipamiento. Rustem Umerov, un legislador miembro de la comunidad tártara de Crimea y que asumió el cargo de ministro de Defensa, no hizo declaraciones en un primer momento.
Reznikov abandonó el puesto este mes tras un escándalo que implicaba la adquisición de chaquetas militares por parte del Ministerio a tres veces su coste. Reznikov negó las acusaciones, pero renunció al cargo.
Los cambios en el departamento llegaron al día siguiente de que el ejército ucraniano dijera haber arrebatado a tropas rusas el pueblo de Klishchiivka tras meses de fuertes combates. La lucha continuaba el lunes mientras las tropas trataban de retener el poblado al sur de la ciudad de Bájmut, controlada por Rusia, en la región oriental de Donetsk.