
“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que haya certezas en todas las acusaciones. He recogido referencias en ese sentido... si existe una situación ahora (de falta de independencia) también existió antes, pero no es una justificación”, dijo en rueda de prensa en un informe preliminar de su visita de siete días al país que cerró con un encuentro con el presidente Luis Arce.
Tras reunirse con instituciones y lideres políticos y víctimas de violaciones de los derechos humanos, el relator dijo que no llegó a buscar “un titular (en la prensa) sino a “analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y ayudar a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente”.
García-Sayán fue crítico del menor acceso de las mujeres indígenas a la justicia, cuestionó el hacinamiento de las cárceles, el hecho de que más del 60% de los jueces son transitorios y aludió a recientes escándalos sobre la excarcelación irregular de condenados que han sacudido a la justicia boliviana.
El relator llegó por invitación oficial en momentos en que la oposición acusa al gobierno de Arce de “manipular” a la justicia para alentar una persecución y enjuiciar a los opositores por la crisis política tras las fallidas elecciones de 2019 denunciadas por la OEA de fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejo 37 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ha sido excluido de investigaciones judiciales, lo que es cuestionado por los opositores.

Las esperanzas de una salida diplomática para evitar una nueva guerra devastadora parecían haberse desvanecido y Estados Unidos e importantes aliados europeos acusaron el martes a Moscú de cruzar una línea roja al enviar tropas al otro lado de la frontera de Ucrania a las regiones separatistas. Varios lo describieron como una invasión.
El diplomático estadounidense de mayor rango canceló una reunión con su homólogo ruso. Kiev retiró a su embajador y consideró romper todos los lazos diplomáticos con Moscú. Docenas de naciones aumentaron su presión para apartar a oligarcas y bancos rusos de los mercados internacionales. Alemania paralizó la aprobación de un gasoducto asociado a un lucrativo contrato. Estados redistribuyó más tropas en el flanco oriental de la OTAN en las fronteras con Rusia.
Mientras tanto, el ministerio ucraniano de Exteriores recomendó no viajar a Rusia, aconsejó a cualquier ciudadano que estuviera allí que volviera de inmediato y señaló que la “agresión” de Moscú supondría una reducción considerable de los servicios consulares.
La amenaza de guerra ya ha golpeado la economía ucraniana y despertado el temor a grandes cifras de bajas, desabastecimiento de energía en Europa y caos económico global.
Mientras el conflicto daba un nuevo y peligroso giro, los gobiernos advirtieron de que aún podría empeorar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aún no ha puesto en acción la fuerza de 150.000 soldados movilizados en tres lados de Ucrania, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, evitó imponer sanciones aún más duras que pudieran causar dificultades económicas en Rusia, pero dijo que lo haría si se producían nuevas agresiones.

Rusia ha reconocido la independencia de las regiones rebeldes “en fronteras que existían cuando ellos proclamaron” su independencia en 2014, indicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Las fuerzas ucranianas recuperaron después parte de ambas regiones, en un conflicto de casi ocho años que ha dejado más de 14.000 muertos.
Rusia reconoció el día anterior la independencia de los rebeldes, pero no concretó dónde consideraba que estaban sus fronteras. La decisión fue ampliamente considerada en Occidente como un presagio de invasión rusa. Rusia ha acumulado unos 150.000 soldados cerca de Ucrania en las últimas semanas, y varios líderes occidentales han advertido que Moscú tenía previsto atacar.
Líderes occidentales condenaron el reconocimiento de Donetsk y Luhansk y dijeron que preparaban sanciones. Alemania anunció el martes que había tomado medidas para bloquear un gasoducto con Rusia.

Porras ha sido fuertemente criticada dentro y fuera del país por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y por la captura de fiscales pertenecieron a esa unidad y han combatido la corrupción. En septiembre del año pasado, fue incluida por Estados Unidos en su lista de actores corruptos.
Durante la jornada Porras —cuya gestión finaliza el 15 de mayo— presentó su expediente a la comisión de postulación que evaluará los perfiles. Cuando esta comisión revise los expedientes de los aspirantes deberá enviar una nómina de seis candidatos al presidente Alejandro Giammattei para que designe al próximo fiscal general.
El mandatario se ha mostrado cercano a Porras desde que llegó al cargo.
Durante la gestión de Sandoval, la FECI investigaba la presunta entrega de sobornos al presidente Giammattei por parte de empresarios rusos. Además, recientemente se supo que esa fiscalía también investigaba la supuesta entrega de 2.6 millones de dólares a Giammattei por parte de constructoras durante las elecciones de 2019.
En las últimas semanas, el Ministerio Público ha capturado a fiscales y exfiscales de la FECI por supuestos abusos de autoridad. Este lunes también se conoció de la renuncia de las fiscales de esa unidad, Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes formaron parte del equipo que decomisó 16 millones de dólares vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Benito está involucrado en la investigación de la FECI en contra del presidente Giammattei. Según la declaración de un testigo, Benito habría dado a Giammattei 2.6 millones para su campaña de 2019 que provenían de constructoras. Este dinero presuntamente lo entregó Benito al ahora mandatario a cambio de continuar como ministro de Comunicaciones durante su gobierno.

Nelson Chamisa formó la Coalición de Ciudadanos por un Cambio en enero, escindiéndose del Movimiento para un Cambio Democrático (MCD), que ha sido el partido opositor tradicional del país.
Chamisa, de 44 años, abogado y pastor de profesión perdió unas disputadas elecciones en 2018 ante el presidente Emmerson Mnangagwa. Denunció fraude, pero las denuncias fueron desestimadas por el Tribunal Constitucional.
Los tribunales luego fallaron que Chamisa no era el líder legítimo del MCD, lo que dejó a esa organización en manos de rivales considerados cercanos a Mnangagwa. Chamisa ya no era líder del bloque parlamentario del MCD y no podía usar la sede del partido ni acceder a los fondos estatales otorgados al partido.
“Me lo quitaron todo pero no me importa”, aseveró Chamisa en referencia a la decisión de los tribunales.
“Empezaremos desde cero, todo fresco. Este es un partido totalmente nuevo”, declaró el dirigente ante vítores de sus partidarios, muchos de los cuales se vestían de amarillo, el color del nuevo partido, y no el rojo que era el partido del MCD.
Zimbabue realizará elecciones el 26 de marzo para decidir más de 130 escaños vacíos en consejos y el parlamento.
Parlamentarios. Las elecciones son consideradas una prueba de cara a la elección general del año entrante.
Si bien el partido de Chamisa es nuevo, los problemas que han impedido a la oposición a llegar al poder en Zimbabue persisten. Ello incluye arrestos, detenciones, golpizas, acoso y denuncias de que las fuerzas de seguridad actúan en beneficio del partido en el poder.