Estado emergenciaLIMA, Perú (AP) — Los residentes de la capital de Perú vieron más soldados y policías patrullando las calles el miércoles, el primer día de un estado de emergencia decretado por el recién juramentado presidente José Jerí en un esfuerzo por controlar el crimen.
El decreto generalizado suspendió varios derechos constitucionales, como la libertad de reunión y protesta, y prohibió actividades cotidianas como que dos adultos viajen en motocicleta. También limitó las visitas a los presos y permitió cortes de electricidad en las celdas, excepto para la iluminación.
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre después de que los legisladores destituyeran a la entonces presidenta Dina Boluarte, en parte debido a su incapacidad para frenar el aumento de la delincuencia en el país sudamericano. Declaró el estado de emergencia una semana después de que una protesta multitudinaria que exigía su renuncia se tornara violenta, con un manifestante muerto a manos de la policía y otro civil con una grave fractura de cráneo.
Sin embargo, los peruanos expresaron escepticismo sobre el decreto de Jerí, ya que medidas similares promulgadas por Boluarte resultaron ineficaces.
“Ya ha habido varios estados de emergencia, las extorsiones continúan, los asesinatos no cesan”, dijo Manuel Timoteo mientras esperaba un autobús en el norte de Lima. “Los soldados salen unos días, se quedan con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”.
El gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en marzo, que se prorrogó hasta mayo. La medida fue duramente criticada por su ineficacia para combatir a los grupos criminales que extorsionan a pequeños comercios y asesinan a trabajadores del transporte público, a veces incluso delante de los pasajeros.
Perú ha experimentado un aumento en la tasa de criminalidad en los últimos años. Los homicidios aumentaron de 676 casos en 2017 a 2082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2305 en 2020 a 21 746 el año pasado, según datos gubernamentales. La mayoría de las víctimas pertenecen a la clase trabajadora.
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(Foto AP/Martín Mejía)

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