BOGOTÁ, Colombia (AP) — El sistema de justicia transicional de Colombia acusó el martes a 10 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que según afirmó fueron cometidos contra cinco grupos indígenas.

En una conferencia de prensa, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que, entre 1996 y 2016, los sospechosos supervisaron la tortura, el asesinato y el desplazamiento forzado de líderes indígenas. Asimismo, indicó que ordenaron a sus subordinados colocar minas terrestres en territorio indígena y destruir los ecosistemas de los que dependen las tribus para su supervivencia.

“Hoy hacemos justicia a los pueblos más olvidados de una Colombia segregada”, declaró el martes la magistrada de la JEP, Catalina Díaz. “A estas personas se les ha vulnerado su derecho fundamental a existir”.

Tres exmiembros de la última secretaría de las FARC figuran entre los acusados ​​de perpetrar ataques sistemáticos contra tribus que viven en una zona remota del sureste de Colombia, cubierta de selvas tropicales y sabanas, donde las FARC a menudo ejercían un estricto control territorial.

Uno de los sospechosos, Julián Gallo, fue senador durante ocho años después de que el grupo rebelde firmara un acuerdo de paz con el gobierno colombiano que otorgó a sus líderes 10 escaños en el Congreso de Colombia.

Yhon Jairo Figueroa, líder de la tribu Koreguaje, asistió a la conferencia de prensa del martes y expresó su agradecimiento a la JEP por haber asumido el caso.

“Por primera vez, el Estado colombiano reconoce que (los grupos armados) no solo mataron a individuos”, dijo. “Sino que intentaron aniquilar el conocimiento, la lengua y el territorio” de los grupos indígenas.

El tribunal especial se estableció durante el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC con el objetivo de investigar los crímenes cometidos por ambas partes durante décadas de conflicto interno y ayudar a las víctimas a buscar reparación y la verdad.

Una comisión de la verdad independiente, que también formó parte del acuerdo de paz de 2016, concluyó que al menos 450.000 personas murieron en el conflicto y 7 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Los exlíderes de las FARC tienen 30 días para responder a las acusaciones presentadas por la JEP.

Los estatutos del tribunal indican que si los sospechosos aceptan los cargos y colaboran con las investigaciones, no irán a prisión. En cambio, deberán indemnizar a las víctimas y participar en procesos de verdad y reconciliación.

Los sospechosos que no acepten los cargos y sean declarados culpables de cometer crímenes de guerra se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.

(Foto AP/Fernando Vergara, archivo)