NACIONES UNIDAS (AP) — El nuevo gobierno de Colombia informó el lunes a las Naciones Unidas que más de 132.000 personas han muerto y que la membresía en grupos armados ha aumentado de 6.000 a casi 30.000 en la década transcurrida desde que el país firmó un acuerdo de paz muy publicitado con su principal grupo rebelde.

En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, afirmó que "la promoción ideológica e internacional del acuerdo de paz como un acontecimiento ejemplar digno de imitación no se ve respaldada por las cifras" y añadió que la paz duradera sigue siendo esquiva y un desafío para el presidente conservador Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo en agosto.

Las cifras del gobierno no pudieron ser verificadas de forma independiente.

El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a más de 50 años de guerra en los que murieron más de 220.000 personas y casi 6 millones fueron desplazadas. Tras el conflicto, se estima que 14.000 combatientes depusieron las armas.

Pero Bula afirmó que, además de las 132.930 personas "asesinadas en Colombia" entre la firma del acuerdo en julio de 2016 y agosto de 2026, se han registrado cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros en todo el país.

Hoy, dijo, Colombia se enfrenta no solo a su mayor grupo rebelde restante, el Ejército de Liberación Nacional, sino también al cártel del Clan del Golfo, a decenas de facciones de los antiguos rebeldes de las FARC y a redes criminales regionales y transnacionales.

Según Bula, estos grupos también han intensificado sus luchas por el control territorial, “subyugando comunidades y controlando corredores estratégicos mediante la violencia, la extorsión y las economías ilícitas”. El narcotráfico, principal motor de la actividad delictiva, también ha alcanzado “niveles sin precedentes a nivel mundial”, y en 2023 la producción de coca en Colombia aumentó en más del 50%.

De la Espriella, ciudadano colombo-estadounidense que se hace llamar "El Tigre" y apoya al presidente estadounidense Donald Trump, se ha comprometido a abordar la persistente violencia en Colombia rompiendo con la política del expresidente izquierdista Gustavo Petro de negociar con grupos armados, argumentando que el proceso de paz ha fracasado.

En los 60 días transcurridos desde que De la Espriella asumió la presidencia, según Bula, las fuerzas de seguridad reportaron 32.029 arrestos, la incautación de más de 135 toneladas de estupefacientes y la retirada de 3.414 armas de fuego de la circulación.

El presidente también firmó 119 órdenes de extradición destinadas a desmantelar redes internacionales de narcotráfico y el crimen organizado transnacional en Colombia. Además, ha tenido que lidiar con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 13 de agosto, cinco días después de su toma de posesión.

“El objetivo de estas acciones es recuperar el control de la tierra, debilitar a los grupos armados y sus fuentes de financiación, y restablecer la presencia y la autoridad del Estado en las zonas donde las organizaciones criminales han intentado sustituirla”, afirmó.

El máximo diplomático colombiano afirmó que estos esfuerzos subrayan el compromiso del gobierno de restablecer el control estatal, una política clave que, junto con garantizar la seguridad y la justicia, es una condición previa para construir una paz sostenible.

El Consejo de Seguridad ha estado supervisando el acuerdo de paz de 2016 a petición del gobierno, y Bula afirmó que su implementación sigue siendo un compromiso. El mandato de la misión de verificación de la ONU expira el 31 de octubre.

Por  EDITH M. LEDERER

(Foto AP/Yuki Iwamura)