CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, en medio de una crisis, ha dado marcha atrás en su decisión de regresar a su cargo, cediendo ante la extraordinaria reacción de su propio partido gobernante por las acusaciones de fiscales estadounidenses de que conspiró con un poderoso cártel para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.

Se esperaba que los legisladores estatales aprobaran el domingo la solicitud del gobernador Rubén Rocha Moya de una licencia indefinida, aproximadamente un día y medio después de que anunciara su regreso alegando que los fiscales mexicanos lo habían absuelto de los cargos de narcotráfico presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril.

El rápido cambio de rumbo demostró la autoridad que ejerce la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre su partido Morena, mientras camina sobre la cuerda floja entre apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump , quien dice que los cárteles controlan México y ha ofrecido repetidamente ayuda militar estadounidense para combatirlos, y su movimiento progresista, profundamente receloso de la intervención estadounidense .

Tras casi cuatro meses de licencia, Rocha Moya anunció el viernes su regreso al cargo, alegando que la Procuraduría General de la República no había encontrado “ninguna evidencia que respalde nuestra participación en conducta delictiva alguna”. Declaró que volvía “como gobernador de Sinaloa con la frente en alto”.

Ese desafío duró apenas un día, ya que su regreso desató un torrente de críticas por parte de gobernadores, senadores y otras figuras prominentes de Morena, incluido Sheinbaum .

«Ningún interés personal puede anteponerse a los intereses del pueblo y de la nación», escribió el sábado en una aparente reprimenda a Rocha Moya, sin mencionarlo por su nombre. «México merece servidores públicos que comprendan que los cargos son temporales, pero la responsabilidad con la nación es eterna».

Morena afirmó que su dirección nacional desconocía el regreso de Rocha Moya, calificándolo de "decisión personal". El bloque senatorial del partido instó a respetar la investigación en curso, mientras que los gobernadores de Morena declararon en un comunicado conjunto que "los proyectos políticos personales o de grupo no tienen cabida" cuando están en juego los intereses del país.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, instó públicamente a Rocha Moya, su antiguo aliado, a reconsiderar su postura y permanecer de baja.

La respuesta coordinada dejó a Rocha Moya aislado. El sábado anunció que había solicitado a la legislatura estatal que le permitiera apartarse indefinidamente. «Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación son lo primero», escribió.

Rocha Moya había estado de baja desde principios de mayo, días después de que los fiscales federales de Nueva York hicieran pública una acusación explosiva que lo acusaba a él y a otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y antiguos, de proteger a miembros del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mientras traficaban fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La acusación formal representó la acción pública más significativa del gobierno de Trump contra lo que denomina corrupción oficial que permite a los cárteles mexicanos operar, avivando nuevas tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Sheinbaum negó haber protegido a Rocha Moya, pero rechazó la solicitud de Washington de arrestar y extraditar a los acusados ​​sin pruebas creíbles, insistiendo en que cualquier proceso judicial se lleve a cabo en México.

Rocha Moya, de 77 años, un firme aliado del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , negó haber cometido irregularidad alguna y calificó las acusaciones como un ataque con motivaciones políticas. Inicialmente se apartó del cargo para poder cooperar con la investigación mexicana sin ampararse en la inmunidad constitucional inherente a su puesto. Si tomarse una licencia lo privó de dicha protección —y si su reciente solicitud de apartarse indefinidamente volvería a hacerlo— sigue siendo objeto de debate entre los expertos legales mexicanos.

Tras la acusación formal, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, y el fiscal general adjunto del estado también renunciaron a sus cargos, mientras que dos ex altos funcionarios estatales se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Sinaloa lleva casi dos años sumida en un sangriento conflicto entre facciones rivales del cártel que lleva el nombre del estado.

(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)