NUEVA YORK (AP) — Varios estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que entrará en vigor el viernes y que, según afirman, otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentación, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James , quien encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas , afirmó que la norma obligaría a las familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar asistencia y obtener estatus legal en el país. California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin se encuentran entre los estados involucrados en la impugnación legal.

“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura sanitaria y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”, declaró el lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , y defensores de los inmigrantes.

Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades estadounidenses, como Chicago, San Francisco y Seattle. Afirmó que la norma tendría un efecto disuasorio no solo sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.

“La nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, declaró el alcalde. “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente. Ese temor no se limitará a las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que figura como demandado en las demandas, desestimó las alarmantes advertencias.

«Aclarémoslo: los estados santuario temen perder fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían darse de baja de los programas de asistencia social estadounidenses», declaró la agencia en un comunicado. «Estamos temblando de miedo ante este supuesto desenlace terrible».

Las demandas impugnan el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reactivar una norma sobre la "carga pública" que el presidente republicano impuso originalmente durante su primer mandato, y que posteriormente fue revocada por su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.

Las demandas, ambas presentadas ante un tribunal federal en Manhattan, argumentan que la nueva norma es "arbitraria y caprichosa", excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado tradicional de la disposición federal sobre la carga pública.

En concreto, James afirmó que la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para tener en cuenta una gran variedad de beneficios públicos a la hora de tomar decisiones sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal en el país.

Según explicó, la norma permite a los agentes de inmigración tener en cuenta casi cualquier prestación pública, utilizada durante cualquier período de tiempo, en contra de un solicitante de la tarjeta de residencia, incluso si se trata de un familiar ciudadano estadounidense que se beneficia de dicha prestación.

Eso significa que la solicitud de residencia permanente de un padre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, dijo James.

“Esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia establecida para ampliar ilegalmente la definición de 'carga pública' de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma de "política cruel".

La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no dependerán de los beneficios públicos.

La nueva norma no especifica los programas que podrían tenerse en cuenta. Simplemente indica que los funcionarios, “haciendo uso de buen juicio y discreción”, tomarán “determinaciones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.

Las reporteras de Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, y Cybele Mayes-Osterman en Chicago contribuyeron a este artículo.

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Felipe Marcelo es reportero de noticias generales en la oficina de Nueva York. Anteriormente escribió para AP Fact Check y antes de eso estuvo radicado en Boston, donde se especializó en temas de raza e inmigración.

(Foto AP/Ryan Murphy)