Algunos inmigrantes detenidos en el centro de detención de inmigrantes en Tacoma, Washington, tienen derecho a solicitar su liberación bajo fianza, según una orden de un juez federal que dice que una nueva política de la administración Trump que niega audiencias de fianza a inmigrantes encarcelados es ilegal.La orden de la jueza federal de distrito Tiffany Cartwright, que otorga un juicio sumario para un caso de demanda colectiva que afecta a personas detenidas en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste, dijo que ciertos inmigrantes "no están sujetos a detención obligatoria" y retenerlos sin la posibilidad de una audiencia de fianza viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Los jueces de inmigración del centro de detención de Tacoma llevan mucho tiempo denegando las solicitudes de libertad bajo fianza de los migrantes. En julio, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), adoptó esa política para los jueces de inmigración de todo el país, lo que significa que la mayoría de los migrantes arrestados no pueden ser liberados a menos que el Departamento de Seguridad Nacional haga una excepción.
La nueva norma ha afectado a personas que han vivido en el condado durante años, incluso décadas, dicen sus abogados, incluido un hombre que fue detenido en Iowa cuando buscó ayuda policial después de recibir un disparo durante un robo.
Los mensajes de ICE, el DHS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) no respondieron de inmediato. Un portavoz de la EOIR envió una respuesta automática indicando que «la partida que financia mi salario ha caducado y, como resultado, he sido suspendido temporalmente».
Matt Adams, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, afirmó que el fallo de Tacoma solo aplica a las personas detenidas en esa ciudad y no sienta precedente para los centros de detención de ICE en todo el país. Sin embargo, una demanda similar presentada en California por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) busca cambiar la norma para todos los inmigrantes, añadió.
La ACLU también presentó una queja contra el DHS en Massachusetts, afirmando que negar las audiencias de fianza niega a los inmigrantes sus derechos al debido proceso.
“Cuando el gobierno arresta a cualquier persona dentro de Estados Unidos, debe demostrar ante un juez que existe una razón real para su detención”, declaró Daniel McFadden, abogado gerente de la ACLU de Massachusetts. “Nuestro cliente y otros como él tienen el derecho constitucional y estatutario a una audiencia de fianza precisamente para ese propósito”.
El caso de Tacoma se presentó en marzo en nombre de Román Rodríguez Vázquez, quien había vivido en el estado de Washington durante 16 años, y otras personas recluidas en el centro de detención de ICE. En ese momento, datos nacionales mostraban que los jueces de inmigración de Tacoma habían otorgado la libertad bajo fianza solo en el 3% de los casos en que se solicitó, lo que convierte la tasa de fianzas del tribunal de Tacoma en la más baja de Estados Unidos, según la orden del juez.
La nueva política nacional emitida el 8 de julio siguió ese patrón al decir: “Todos los no ciudadanos que no hayan sido admitidos legalmente, incluidos aquellos que ya están presentes en los Estados Unidos, ya no serán elegibles para ser liberados de la custodia de ICE durante la duración de sus procedimientos de deportación, excepto mediante libertad condicional discrecional”.
Según la nueva política, “incluso aquellos con fuertes vínculos con la comunidad y sin antecedentes penales” ya no son elegibles para una audiencia de fianza, dijo la jueza en su orden.
Cartwright afirmó que los inmigrantes que entran en esta categoría tienen derecho a solicitar fianzas. Negar estas audiencias viola la principal ley federal que rige la inmigración y la ciudadanía en Estados Unidos.
Martha Bellisle
es una periodista de investigación radicada en el estado de Washington. Abarca diversos temas, como la rendición de cuentas policial, la inmigración y los trabajadores federales.
(Foto AP/Ted S. Warren, archivo)