MIAMI (AP) — Un juez federal escuchará argumentos el lunes sobre si a los detenidos en un centro de detención temporal de inmigrantes en los Everglades de Florida se les han negado sus derechos legales.

En la segunda de dos demandas que impugnan las prácticas en el centro conocido como "Alligator Alcatraz", abogados de derechos civiles solicitan una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos tengan acceso confidencial a sus abogados, algo que, según afirman, no ha sucedido. Las autoridades de Florida refutan esta afirmación.

Los abogados de derechos civiles también exigen que el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz identifique un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar solicitudes de fianza o liberación de los detenidos. Los abogados afirman que las audiencias de sus casos han sido canceladas rutinariamente en los tribunales federales de inmigración de Florida por jueces que afirman no tener jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

“La situación en 'Alligator Alcatraz' es muy diferente a lo que normalmente se concede en otras instalaciones de inmigración”, dijo el jueves Eunice Cho, abogada de la Fundación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, durante una reunión virtual para preparar la audiencia del lunes en Miami.

Pero antes de ahondar en los asuntos centrales de los derechos de los detenidos, Ruiz ha dicho que quiere saber si la demanda se presentó en la jurisdicción correspondiente en Miami. Los demandados, tanto estatales como federales, han argumentado que, si bien la pista de aterrizaje aislada donde se construyó el centro es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no es la jurisdicción adecuada, ya que el centro de detención se encuentra en el vecino condado de Collier, que se encuentra en el distrito central del estado.

El juez ha insinuado que algunas cuestiones pueden pertenecer a un distrito y otras al otro distrito, pero dijo que decidiría después de la audiencia del lunes.

"Creo que todos deberíamos estar preparados para que, antes de entrar en cualquier discusión real sobre medidas cautelares preliminares, al menos dediquemos algún tiempo a resolver las cuestiones de la sede", dijo Ruiz el jueves.

La audiencia sobre el acceso legal se produce mientras otro juez federal en Miami considera si la construcción y las operaciones en la planta deben detenerse indefinidamente debido al incumplimiento de las normas ambientales federales. El 7 de agosto, la jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó una suspensión de 14 días de las obras adicionales en el sitio mientras los testigos declaraban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Williams ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire a finales de esta semana.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se preparaba para abrir un segundo centro de detención migratoria, denominado "Depósito de Deportación", en una prisión estatal del norte de Florida. DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención argumentando que la administración del presidente Donald Trump necesita capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes.

El estado de Florida ha refutado las afirmaciones de que los detenidos de "Alligator Alcatraz" no han podido reunirse con sus abogados. Los abogados del estado afirmaron que, desde el 15 de julio, cuando comenzaron las videoconferencias en el centro, el estado ha concedido todas las solicitudes de los detenidos para reunirse con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Sin embargo, los abogados de derechos civiles afirmaron que, aunque se haya programado una reunión con sus clientes en el centro de detención, esta no ha sido privada ni confidencial, y es más restrictiva que en otros centros de detención migratoria. Añadieron que los retrasos en la programación y un requisito de notificación anticipada excesiva han obstaculizado su posibilidad de reunirse con los detenidos, violando así sus derechos constitucionales.

Abogados de derechos civiles afirmaron que los agentes están presionando a los detenidos celda por celda para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar con sus abogados, y algunos detenidos han sido deportados a pesar de no tener órdenes de expulsión definitivas. Además de la propagación de una infección respiratoria y la inundación de sus tiendas de campaña por la lluvia, las circunstancias han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un expediente judicial.

“A un detenido con discapacidad intelectual se le pidió que firmara un papel a cambio de una manta, pero luego fue deportado sujeto a expulsión voluntaria después de firmar, sin la posibilidad de hablar con su abogado”, dice el expediente.

El juez ha prometido una decisión rápida una vez realizada la audiencia.

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MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Alexandra Rodríguez)

Por  DAVID FISCHER y MIKE SCHNEIDER