MIAMI (AP) — Una jueza federal escuchará el miércoles los argumentos finales sobre si detener indefinidamente la construcción en un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como "Alligator Alcatraz" mientras considera si viola las leyes ambientales.

La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams ordenó el jueves pasado una suspensión de dos semanas de las nuevas construcciones mientras los testigos continuaban testificando en una audiencia para determinar si la construcción debería finalizar hasta la resolución definitiva del caso.

La orden temporal no incluye ninguna restricción a las actividades de las fuerzas del orden ni de inmigración en el centro, que actualmente alberga a cientos de detenidos. El centro, construido rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista con poco uso, está diseñado para albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.

La orden prohibió temporalmente la instalación de cualquier tipo de iluminación nueva de estilo industrial, así como la pavimentación, el relleno, la excavación, el cercado o la construcción de edificios adicionales, tiendas de campaña, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee quieren que Williams emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción futura, que según ellos amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves que testificaron que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los grandes proyectos de construcción.

Los abogados del gobierno estatal y federal han dicho que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión ambiental federal no se aplicaría.

La semana pasada, el juez dijo que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el gobierno estatal y el federal.

Testigos describen amenazas ambientales

Testigos de los grupos ambientalistas han declarado que se han agregado al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida inició la construcción. Dijeron que la pavimentación adicional podría provocar un aumento de la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, la propagación de sustancias químicas nocivas a los Everglades y la reducción del hábitat de las panteras de Florida, una especie en peligro de extinción.

Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, testificó el martes que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia tierras tribales, alterando el crecimiento de la vegetación. Esto podría provocar la muerte de peces e impedir el desplazamiento de personas y animales silvestres en ciertas zonas, afirmó.

Marcel Bozas, director del departamento de pesca y vida silvestre de la tribu Miccosukee, explicó que los miembros de la tribu cazan y pescan por motivos de subsistencia y culturales. La actividad humana sostenida puede ahuyentar a animales de caza, como el venado cola blanca, así como a especies protegidas, como la pantera de Florida, la cigüeña americana, el rascón negro oriental y el murciélago bonetero, añadió.

Funcionario estatal dice que Florida dirige el centro

El director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, David Kerner, testificó que los 1800 agentes estatales bajo su mando están autorizados a detener a migrantes indocumentados en virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Afirmó que el gobierno federal no le indica al estado dónde detener a los inmigrantes, y que el centro de Everglades se construyó para aliviar el hacinamiento en los centros federales de detención migratoria, así como en los centros estatales y de condado con acuerdos para alojar a detenidos migratorios federales.

Kerner no pudo decir cuántos de los detenidos de “Alligator Alcatraz” fueron acusados de crímenes violentos o si otros sitios además del centro de los Everglades fueron considerados como posibles centros de detención.

El mes pasado, abogados de agencias federales y estatales solicitaron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, alegando que la demanda se presentó en la jurisdicción equivocada . Si bien la propiedad pertenece al condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no es la jurisdicción adecuada para la demanda, ya que el centro de detención se encuentra en el vecino condado de Collier, que se encuentra en el distrito central del estado, señalaron.

Williams aún no se ha pronunciado sobre ese argumento.

La instalación se enfrenta a un segundo desafío legal

En un segundo desafío legal a “Alligator Alcatraz”, un juez federal durante el fin de semana le dio al estado más tiempo para preparar argumentos contra un esfuerzo para certificar el litigio de derechos civiles como una demanda colectiva.

El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en Miami declaró que solo considerará la solicitud de orden judicial preliminar presentada por los abogados de los detenidos durante una audiencia el 18 de agosto. Fijó el 23 de septiembre como fecha límite para que el estado responda a la demanda colectiva de los detenidos. La segunda demanda alega que se violan los derechos constitucionales de los detenidos porque se les prohíbe reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.

Las demandas se estaban tramitando mientras la administración de DeSantis aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención migratoria en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida, en el norte de Florida. Se ha adjudicado al menos un contrato para lo que figura en los registros estatales como el "Centro de Detención Norte".

(Foto AP/Alexandra Rodriguez)

Por  David Fischer