ORLANDO, Florida, EE. UU. (AP) — Abogados del gobierno de Estados Unidos afirman que entre los detenidos en el centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como "Alligator Alcatraz" probablemente haya personas que nunca han estado en procesos de deportación, lo que contradice directamente lo que ha dicho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde su apertura en julio.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron esa admisión el jueves en una presentación judicial argumentando que los detenidos en las instalaciones ubicadas en el desierto de los Everglades no tienen suficiente en común para ser certificados como grupo en una demanda sobre si están recibiendo acceso adecuado a abogados.

Un procedimiento de deportación es un proceso legal iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para determinar si alguien debe ser deportado de los Estados Unidos.

Los abogados del Departamento de Justicia escribieron que los detenidos en las instalaciones de Everglades tienen demasiados estatus migratorios diferentes para ser considerados una clase.

“La clase propuesta incluye a todos los detenidos en Alligator Alcatraz, una instalación que alberga a detenidos en todas las etapas del procesamiento de inmigración, presumiblemente incluidos aquellos que nunca han estado en procedimientos de deportación, aquellos que serán colocados en procedimientos de deportación, aquellos que ya están sujetos a órdenes finales de deportación, aquellos sujetos a deportación acelerada y aquellos detenidos con el propósito de facilitar la deportación de los Estados Unidos de conformidad con una orden final de deportación”, escribieron.

Desde que se abrió la instalación, DeSantis ha estado diciendo públicamente que cada detenido ha pasado por el proceso de determinar que no puede estar legalmente en los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa el 25 de julio afuera del centro de detención, DeSantis dijo: “Todos aquí ya tienen una orden de deportación final”.

“Se ha ordenado su expulsión del país”, añadió.

En un discurso pronunciado el 29 de julio ante una conferencia de la Asociación de Sheriffs de Florida, el gobernador republicano declaró: «Quienes van a la prisión de Alcatraz Alligator se encuentran ilegalmente en el país. Ya se les ha dado una orden final de deportación».

Agregó: “Entonces, si hay una orden de deportación, ¿cuál es la posible objeción a que el gobierno federal haga cumplir esa orden?”

La oficina de prensa de DeSantis no respondió el lunes por la mañana a un correo electrónico solicitando comentarios.

La presentación judicial de los abogados del Departamento de Justicia se realizó en el marco de una demanda en la que grupos de derechos civiles alegan que a los detenidos del centro se les ha negado el acceso adecuado a abogados, lo que viola sus derechos constitucionales. El jueves, los grupos de derechos civiles solicitaron a un juez federal de Fort Myers una orden preliminar que establecería mayores protecciones para que los detenidos puedan reunirse con sus abogados en privado y compartir documentos de forma confidencial.

El caso judicial es una de las tres demandas presentadas por grupos ambientalistas y de derechos civiles sobre el centro de detención, que fue construido apresuradamente este verano por el estado de Florida y operado por contratistas privados y agencias estatales.

Un juez federal de Miami ordenó en agosto que el centro debía cerrar sus operaciones en un plazo de dos meses, coincidiendo con grupos ambientalistas en que la remota pista de aterrizaje no había recibido una evaluación ambiental adecuada antes de su conversión en un centro de detención de inmigrantes. Sin embargo, las operaciones continuaron después de que un panel de un tribunal de apelaciones suspendiera la orden preliminar del juez a principios de septiembre. En un momento dado, el centro llegó a albergar a más de 900 detenidos, pero la mayoría fueron trasladados tras la orden judicial inicial. El lunes no estaba claro cuántos detenidos había en el centro, construido para albergar a 3.000 personas.

El presidente Donald Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. El viernes, funcionarios federales confirmaron que Florida recibió la aprobación para un reembolso de $608 millones por los costos de construcción y operación del centro de detención migratoria.

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Mike Schneidercubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Evan Vucci, archivo)