
La protesta se produjo en vísperas del aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que para muchos mexicanos se ha convertido en un símbolo de la participación del Estado en el derramamiento de sangre en la nación latinoamericana.
En 2014, los estudiantes habían tomado el control de varios autobuses que planeaban conducir a Ciudad de México para una protesta en conmemoración de la masacre de manifestantes perpetrada en 1968 por las fuerzas gubernamentales.
Las autoridades creen que los estudiantes fueron secuestrados en el camino y asesinados por miembros de un cártel criminal con vínculos con funcionarios gubernamentales y militares, y decenas de personas han sido arrestadas, incluido un ex fiscal general, funcionarios locales, militares y oficiales de policía.
Sin embargo, todavía no se ha condenado a nadie y muchos manifestantes creen que la participación del Estado en los asesinatos de Ayotzinapa puede ser más profunda de lo que se ha revelado hasta ahora.
Estudiantes de la escuela, en el estado de Guerrero, al sur de México, se unieron a familiares de los desaparecidos en una manifestación en la base militar para presionar al ejército mexicano a que ayude a esclarecer las desapariciones. Los manifestantes portaron fotos de los desaparecidos.
Poco después, algunos jóvenes manifestantes, con el rostro cubierto, hicieron retroceder un camión hacia una de las entradas del complejo militar. Una vez atascado el vehículo, le lanzaron petardos hasta que se incendió.
Las autoridades no reportaron heridos.
La acción del jueves podría ser una señal de que habrá protestas más agresivas el viernes, cuando se cumple el 11º aniversario del brutal ataque.
Muchos de los detalles del crimen siguen siendo un misterio : ni el motivo ni el destino de las víctimas han sido completamente establecidos, aunque se han identificado los restos carbonizados de tres de ellas.
Tras muchos años de encubrimiento, en 2022 una comisión de la verdad gubernamental declaró la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como un “crimen de Estado”.
Las autoridades creen que todos los estudiantes fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y actuó en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, estatales y federales, incluido personal militar.
El caso continúa generando indignación en todo México. Durante años, las familias y sus abogados han exigido a las fuerzas armadas mexicanas la entrega de cientos de documentos que podrían ser clave para resolver el caso, pero el ejército no lo ha hecho.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reemplazó al fiscal a cargo del caso e insiste en que hay nuevas líneas de investigación, las familias dicen que no han visto ningún avance.
(Foto AP/Fernando Llano)