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WASHINGTON (AP) — El máximo funcionario de salud del país declaró el domingo que el fallo de un tribunal que amenaza la disponibilidad de una píldora abortiva “no es Estados Unidos” y no descartó la posibilidad de desafiar las órdenes del juez si se hace necesario.“Queremos que los tribunales anulen este fallo irresponsable”, declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, al programa “State of the Union” de la cadena CNN.
“Sí queremos que las mujeres continúen teniendo acceso a un medicamento que ha sido demostrado como seguro. Millones de mujeres han usado este fármaco en todo el mundo”, añadió.
Enfatizó que por ahora, las mujeres sí tienen acceso a la mifepristona luego que un juez federal en Texas designado por el entonces presidente Donald Trump, Matthew Kacsmaryk, el viernes puso en pausa por una semana su fallo para que el gobierno federal pueda presentar una moción en contra. El medicamento fue aprobado en 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que es supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual es dirigido por Becerra.
El presidente Joe Biden ha declarado que su administración se opondrá al fallo emitido en Texas. El fallo de Kacsmaryk, de 67 páginas, le da al gobierno siete días para apelar.
“Nuestra intención es hacer todo lo posible para que el medicamento siga accesible, no solo dentro de una semana sino en definitiva, a futuro, porque la mifepristona es uno de los fármacos más seguros y eficaces que hemos visto en los últimos 20 años para ayudar a las mujeres en su atención médica, especialmente en los cuidados relacionados con un aborto”, dijo Becerra.
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NUEVA YORK (AP) — Desde el punto de vista legal, las palabras más importantes que dijo la semana pasada el expresidente Donald Trump tras ser acusado de 34 delitos por el fiscal del distrito de Manhattan fueron “no culpable”. Pero para la política, las más significativas fueron “interferencia electoral”.Al repetir esas palabras, que han encontrado eco en otros republicanos destacados, Trump mostró cómo intenta convertir su posición histórica como el primer expresidente procesado por delitos penales en una ventaja. Es un nuevo ejemplo de una práctica continuada durante su carrera política: afirmar sin pruebas que las elecciones están amañadas en su contra.
Tras su primera comparecencia judicial en el caso en Nueva York, el primero de varios procesos legales que enfrenta, Trump enumeró las distintas investigaciones en su contra y las tachó de intentos “enormes” de interferir con las elecciones de 2024.
“Nuestro sistema de justicia se ha vuelto anárquico”, dijo Trump en un acto con simpatizantes en su hogar de Florida, Mar-a-Lago. “Lo están utilizando ahora, junto con todo lo demás, para ganar elecciones”.
Trump ha expresado alguna versión de esas afirmaciones en al menos 20 publicaciones en medios sociales desde el 3 de marzo, la mayoría en las últimas dos semanas cuando un jurado investigador de Manhattan parecía estar ultimando su labor y preparándose para procesar al exmandatario.
Trump anunció su nueva campaña a la Casa Blanca poco después de las elecciones de media legislatura en noviembre, en lo que algunas personas de su círculo vieron como un intento de frenar varias pesquisas que giran en torno a su persona.
SAN FRANCISCO (AP) — Un panel de una corte federal estadounidense rechazó una apelación del expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique para detener su extradición a su país, donde está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos dentro de un enorme escándalo de corrupción que alcanzó a cuatro exmandatarios peruanos.Toledo, de 77 años, está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, una gigantesca compañía constructora brasileña que ha admitido ante las autoridades estadounidenses que sobornó durante décadas a funcionarios para conseguir contratos en toda América Latina.
El exmandatario pretendía que se suspendiera su extradición a la espera de que se resolviera su impugnación contra la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de devolverlo a Perú.
Toledo, quien fue presidente de Perú de 2001 a 2006, fue arrestado en julio de 2019 en su casa en Menlo Park, California. Inicialmente fue recluido en confinamiento solitario en la Cárcel de Santa Rita, a unos 60 kilómetros (40 millas) al este de San Francisco, pero fue dejado en libertad en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces ha estado en arresto domiciliario
El juez en el caso de extradición, Thomas Hixson, revocó el miércoles la fianza a Toledo y le ordenó que se entregue al Servicio de Marshals de Estados Unidos a las 9 de la mañana del viernes en San Francisco para que lo regresen a prisión, como lo solicitó el fiscal federal Ismail Ramsey. El fiscal dijo que el Servicio de Marshals tomaría medidas para entregarlo a las autoridades peruanas. Sin embargo, se desconoce la fecha en la que lo haría.
El escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht ha sacudido la política de Perú, donde casi todos los expresidentes vivos están siendo enjuiciados o investigados.
El expresidente Ollanta Humala está siendo enjuiciado por acusaciones de que él y su esposa recibieron más de 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011. Ambos niegan haber cometido delito alguno.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que concluyó su mandato en 2018, se encuentra en arresto domiciliario por cargos similares.
Alan García, quien gobernó Perú de 2006 a 2011, se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019 cuando las autoridades llegaban a su casa para arrestarlo en relación con la pesquisa sobre Odebrecht.
Con el fin de detener su extradición, Toledo arguyó que Perú no había presentado documento alguno ni mostrado causa probable. Pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco dijo en su fallo que la fiscalía peruana presentó documentos con imputaciones suficientes que sustentan la extradición.
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LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — Antes de un anuncio presidencial muy esperado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitará Michigan para su primera aparición este año en el estado transformado por mayorías demócratas bajo la gobernadora de alto perfil Gretchen Whitmer.La visita exhibirá los estilos de liderazgo contrastantes del republicano y el demócrata después de que obtuvieron victorias aplastantes en la reelección de 2022 que los catapultó a ser las estrellas emergentes más brillantes de sus partidos.
En Florida, DeSantis y la Legislatura dominada por el Partido Republicano han movido al estado más a la derecha, librando una guerra cultural en lo que el gobernador ha llamado agendas "despertadas" . En Michigan, Whitmer ha liderado el camino en la codificación del derecho al aborto y el avance de una reforma radical de las armas con los demócratas en control total por primera vez en décadas.
Whitmer ha sido un gran aliado del presidente Joe Biden y una especie de representante de su liderazgo en su partido , y de lo que es posible con los demócratas. DeSantis es uno de los principales candidatos potenciales que buscan derrocar a Biden el próximo año.
La visita del jueves es también una de las primeras apariciones de DeSantis fuera del estado desde que se acusó al expresidente Donald Trump . Con todos los ojos puestos en Trump y sus cargos, ha sido difícil para aquellos que compiten por la nominación republicana ganar mucha atención.
LOS ÁNGELES (AP) — Stormy Daniels debe pagar aproximadamente 122.000 dólares de los honorarios de los abogados de Donald Trump que se acumularon en relación con la fallida demanda por difamación que presentó la actriz porno, dictaminó el martes un tribunal de apelaciones.La decisión en California se produjo casi al mismo tiempo en que Trump se convertía en el único expresidente en ser encausado. Trump se declaró inocente en un tribunal de la ciudad de Nueva York de un acta acusatoria con 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables en un plan para silenciar las acusaciones de relaciones extramatrimoniales con Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal que estallaron durante su primera candidatura a la Casa Blanca.
Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo un amorío con Trump en 2006 y que se le pagaron 130.000 dólares como parte de un acuerdo de confidencialidad días antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Daniels demandó a Trump por difamación luego de que él rechazó calificó como “una farsa total” sus afirmaciones de que había sido amenazada para guardar silencio sobre la relación. Un juez desestimó el caso en 2018.
El martes, un comisionado del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que los abogados de Trump “invirtieron de manera razonable” más de 183 horas en una apelación del caso, pero rechazó la solicitud de otros 5.150 dólares en otros gastos porque no estaban desglosados.
En total, Daniels debe pagar más de 600.000 dólares de los honorarios legales de Trump, de acuerdo con un tuit de Harmeet Dillon, uno de los abogados del expresidente en el caso.
Eso incluye unos 300.000 dólares en gastos legales que Daniels tenía ordenado pagar previamente.
Después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara esa indemnización el año pasado, Daniels declaró: “Iré a la cárcel antes de pagar un centavo”.
Su abogado, Clark Brewster, no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentarios.