DudososargumentosEl proceso de juicio político es fundamentalmente injusto. El Congreso carece de autoridad para investigar al presidente. Los testigos deberían contar con abogados del poder ejecutivo.
 
Los abogados de la Casa Blanca han planteado una serie de argumentos para impedir que sus funcionarios cooperen con la pesquisa congresual de juicio político. Sin embargo, expertos legales afirman que tales argumentos son débiles.
 
Incluso algunos aseguran que la negativa a cooperar con la investigación llevada a cabo por los demócratas en la Cámara de Representantes podría ser considerada obstrucción, que por sí misma se convertiría en un motivo de juicio político contra el presidente Donald Trump.
 
“No sólo podría ser, sino que debería ser”, manifestó Heidi Kitrosser, una profesora de ley constitucional en la Universidad de Minnesota que ha escrito sobre juicio político. “Este es un intento de obstaculizar al Congreso en uno de sus roles centrales”.
 
Con la investigación se pretende saber si el gobierno de Trump intentó presionar a Ucrania para que indagara los negocios realizados en ese país europeo por Hunter Biden, hijo del aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe Biden, y mostrar si Ucrania tuvo un papel en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
 
Cuatro funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional, desatendieron las citaciones con que los investigadores de la cámara baja exigían su comparecencia el lunes.
 
Si bien la Casa Blanca no plantea rotundamente el privilegio ejecutivo como la razón, estuvo extremadamente cerca de hacerlo, según Kitrosser.
 
“Ellos probablemente estén buscando hacer ambas cosas, y por un lado tratar de evitar las ramificaciones legales y políticas de reclamar el privilegio ejecutivo mientras al mismo tiempo le sacan provecho”, añadió.
 
Políticamente, reclamar privilegio ejecutivo podría cruzar los límites que llevarían a un mayor apoyo al juicio político. Legalmente es más o menos el último intento de un presidente para evitar la revelación de evidencia o testimonio.
 
El abogado del Consejo de Seguridad Nacional, John Eisenberg, tiene “inmunidad absoluta” a rendir testimonio ante el Congreso como asesor senior del presidente, reiteró el abogado de Eisenberg en una carta. Dicha misiva involucró argumentos de separación de poderes al hacer esa afirmación, sosteniendo que su testimonio es comparable a obligar al presidente mismo a presentarse ante los investigadores.
 
Otros dos funcionarios, Robert Blair y Michael Ellis, se negaron a testificar a menos que se les permitiera contar con la presencia de un abogado del poder ejecutivo. El Departamento de Justicia emitió una opinión legal el lunes en la que respalda esa postura, y la Casa Blanca ofreció un comunicado.
 
“Los demócratas sólo tratan de obligar a alguien, con alguna conexión distante al asunto, a que testifique sin abogados del gobierno presentes, y eso pone en riesgo la seguridad nacional y también crea riesgos para testigos potenciales que podrían divulgar sin saberlo información privilegiada o secreta”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Hogan Gidley.
 
Los demócratas argumentan que no hay fundamentos para ignorar sus citaciones. En una carta del domingo al abogado de Blair, los presidentes de los comités que encabezan la investigación de juicio político sostuvieron que “carece de méritos”.
 
“En lugar de eso, es el más reciente de una larga lista de desafíos procesales sin fundamentos a la autoridad de la Cámara de Representantes para cumplir una de sus más solemnes responsabilidades consagradas en la Constitución”, escribieron.
 
Incluso si Trump reclamara abiertamente el privilegio executivo, algunos expertos dijeron que no existe una cláusula constitucional que aplicaría al juicio político.
 
“Ninguna comunicación que involucre a la Casa Blanca está sujeta a la inmunidad absoluta”, dijo David Driesen, un profesor de leyes de la Universidad Syracuse y quien ha estudiado el caso. “Ninguna persona tiene inmunidad de comparecer reclamando algún privilegio concedido por la ley”.

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