BRUSELAS (AP) — Las elecciones que realizará Nicaragua en noviembre no serán libres ni democráticas, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores, declaró el lunes el comisionado de política exterior de la Unión Europea , Josep Borrell.“La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes”, expresó Borrell en un comunicado.
Las elecciones en Nicaragua están pautadas para el 7 de noviembre, y en ellas se elegirá un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ortega se ha postulado para un cuarto período presidencial consecutivo.
La semana pasada, las autoridades nicaragüenses pusieron a un candidato vicepresidencial opositor bajo arresto domiciliario, en otra muestra de represión política.
Borrell condenó la decisión de las autoridades nicaragüenses del viernes pasado de despojarle de su estatus legal al último partido opositor que quedaba: Ciudadanos por la Libertad (CxL).
“El presidente y (la vicepresidenta y primera dama Rosario) Murillo deben cesar esta espiral autocrática”, manifestó el comisionado.
La semana pasada, la UE le impuso sanciones a Murillo y a otros siete funcionarios nicaragüenses acusados de violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia. Entre otras medidas, se congelaron los activos de esas personas en Europa y no podrán viajar en el continente.
También el gobierno español lamentó la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de cancelar la personalidad jurídica de CxL y exhortó a Nicaragua a “dotar al país de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido de gobierno”, el Frente Sandinista.
“Sólo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, acorde con los estándares democráticos internacionales, puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado emitido en Madrid.
La semana pasada, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses que han participado en la represión oficial o se han beneficiado de ella. Entre ellos hay legisladores, fiscales y jueces nicaragüenses.
En los dos meses pasados, las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de figuras de la oposición, entre ellas siete potenciales candidatos a la presidencia.
En Managua, la Coalición Nacional, una alianza opositora, señaló el lunes en un comunicado que no reconoce que el actual proceso electoral vaya a permitirle a Nicaragua salir de su crisis política, y exhortó a los nicaragüenses a no reconocerlo tampoco.
“Desde la Coalición Nacional no respaldamos ni promovemos la participación ciudadana en la farsa electoral que sólo dará como resultado la perpetuación de Ortega y Murillo en el poder”, sostuvo la organización.
El proceso “no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional para ser considerado legítimo y transparente”, añadió.
También el lunes, Murillo anunció que su gobierno había llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Costa Rica “en reciprocidad” con medidas tomadas por esos gobiernos. Dijo que las recientes críticas de las autoridades de esos países hacia Managua son “injerencistas e intervencionistas”.
Argentina y México se habían ofrecido para mediar en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, pero Ortega rechazó el ofrecimiento. Costa Rica y Colombia condenaron firmemente al gobierno nicaragüense por sus acciones recientes contra la oposición.
“Se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado, en abierta violación al derecho internacional, derechos humanos y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas y destructoras de nuestras culturas y modos de vida”, declaró Murillo.