BOGOTÁ (AP) — El ministro de Defensa de Colombia renunció el miércoles después de recibir duras críticas por no revelar la muerte de varios menores durante un operativo militar contra disidentes de la que fuera la guerrilla más grande del país.

 

Guillermo Botero presentó una carta de renuncia al presidente, Iván Duque, en la que resaltó sus logros en el combate a la delincuencia y aseguró que la “coyuntura política” actual lo obliga a dejar el cargo.

 

“He aceptado la renuncia”, anunció Duque en Twitter. “Quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo”.

 

El exministro había enfrentado crecientes críticas por su manejo de varios incidentes que ponen de manifiesto la lucha existente en Colombia por derrotar a los grupos armados ilegales sin repetir los errores del pasado ni vulnerar los derechos humanos.

 

El senador Roy Barreras acusó el martes a Botero de negligencia por no informar a la población de que al menos siete menores murieron durante un operativo militar dirigido a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

Botero describió las acusaciones como “información especulativa” y el ejército negó saber que había menores presentes en el lugar.

 

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles que ocho menores murieron en el operativo realizado a finales de agosto en San Vicente del Caguán, una región que en su día estuvo bajo control de los rebeldes que firmaron un histórico acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado más largo de Latinoamérica.

 

“Estoy convencido el ministro no solamente le oculto información a los colombianos sino al propio presidente”, dijo Barreras el miércoles. “Hace una fuerte llamada de atención al gobierno, diciéndole que hay que reconducir la agenda nacional”.

 

La indignación en torno a las muertes se da después de una serie de incidentes que causaron preocupación sobre el comportamiento del ejército y su respuesta a la creciente ola de violencia contra comunidades indígenas y líderes sociales.

 

En un episodio reciente, un habitante de la violenta región de Cauca murió en lo que el ejército describió como un operativo contra guerrilleros disidentes, pero que los residentes de la zona describieron como un homicidio.

 

Dos masacres distintas en Cauca a finales de agosto, incluyendo una en la que murieron cinco líderes indígenas, indignaron a los colombianos y subrayaron las continuas amenazas en materia de seguridad en regiones en que los remanentes de grupos armados se disputan territorios y las lucrativas rutas para el trasiego de drogas.

 

Los legisladores debatieron la posibilidad de retirar a Botero del cargo en junio, después de que se revelara que un general del ejército había llevado a sus tropas a duplicar el número de criminales y guerrilleros izquierdistas asesinados, capturados y obligados a rendirse en combate. Los lineamientos causaron alarma sobre el incremento de riesgos de bajas civiles.

 

Al ejército colombiano se le atribuyeron hasta 5.000 asesinatos extrajudiciales durante el punto más álgido del conflicto armado, a mediados de la década de 2000, cuando las tropas, presionadas por comandantes de alto rango, aumentaron el recuento de cuerpos, en algunos casos vistiendo a civiles como guerrilleros, a cambio de pagos extra y otros beneficios.

 

Lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos” ensombreció el historial de victorias militares en el campo de batalla.

 

Botero negó en primera instancia la existencia de los nuevos lineamientos, pero más tarde el ejército anunció la retirada de la orden.

 

“Claramente se trata de alguien que jamás debió ser designado a ese cargo”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano. “Francamente, me sorprende que haya durado tanto”.