SANTIAGO (AP) — El presidente chileno, Gabriel Boric, defendió las políticas sociales aprobadas en lo que lleva de gestión durante su entrega del balance anual el jueves ante el Congreso de Chile, al que le insistió para que apruebe una reforma tributaria que el gobierno considera necesaria para financiar su programa.

En una ceremonia en la sede del Legislativo, en el puerto de Valparaíso, ante 800 invitados, el mandatario cumplió la obligación de dar detalle de su periodo de administración y de los planes para el resto de su mandato. El discurso se prolongó por más de tres horas.

Al inicio de su intervención, hizo una síntesis de país que recibió hace 15 meses, tras los efectos de la pandemia y afirmó que “no han sido tiempos fáciles”. Acerca del resto de su mandato, que concluye en 2026, adelantó que hay “grandísimos desafíos por abordar”.

“Tenemos una economía resiliente y la vamos a cuidar, porque sabemos -y cosa de mirar más allá de nuestras fronteras- que sin estabilidad económica las familias chilenas” no alcanzarán sus metas, señaló.

Boric rindió su balance a menos de un mes de la derrota electoral que representó para su gobierno que la ultraderecha obtuviera en las urnas la mayoría de los cupos de quienes escribirán un segundo proyecto constitucional para reemplazar la carta magna impuesta por una dictadura militar (1973-1990). Hace ocho meses, el revés llegó con el rechazo del 62% del electorado a un primer texto refundacional que contaba con su respaldo.

“Las divergencias constitucionales comienzan a encausarse”, indicó aludiendo al inicio de la redacción de una nueva constitución el próximo miércoles, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

Durante su discurso, el más largo entregado por un mandatario desde el regreso a la democracia en 1990, en un tono conciliador, pidió varias veces al Congreso que apruebe una reforma tributaria que busca recaudar el 3,6% del Producto Interno Bruto para financiar sus políticas sociales. Anunció que en julio presentará de nuevo el proyecto, esta vez ante el senado, luego de que fuera rechazado en marzo por los diputados.

El mandatario llegó a su balance anual con una popularidad cercana al 30%, en un país que vive una prolongada crisis de inseguridad por el aumento de la delincuencia, y con el despliegue de militares en el sur y el norte del territorio para frenar, respectivamente, la violencia de grupos indígenas y una inmigración ilegal en la frontera con Bolivia y Perú.

Reiteró que una comisión evaluará qué tierras son las demandas por los indígenas y cuántas se pueden devolver. Anticipó que las ocupadas por ciudades, no se restituirán y sobre las fronteras aseguró que se avanza en retomar el control.

Ante la inseguridad, afirmó que el combate a la delincuencia es prioritario para su gobierno, por lo que ha destinado más recursos para las policías. Anunció que hacia el fin de su mandato se aumentarán en 4.700 las plazas de las sobrepobladas cárceles, con nuevos recintos o ampliación de los actuales.

Entre los logros de su gestión, subrayó el incremento gradual del salario mínimo de 512 a 625 dólares mensuales a julio del próximo año, la gratuidad en la atención básica de quienes se atienden en la salud pública y la rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en cinco años.

Hacia el final de su discurso recordó que el 11 de septiembre se cumplirán 50 años desde el golpe de Estado que quebró la democracia y que dejó unos 3.000 asesinados, de los cuales más de un millar permanecen desaparecidos. Afirmó que mediante el Plan Nacional de Búsqueda de su gobierno, se agotarán todos los recursos para encontrarlos y que sus familias sepan qué les pasó.